«Un adicional para los trabajadores públicos que cursen carreras Universitarias o Terciarias»

Ante tantas versiones cruzadas, interesadas e inciertas sobre el sueldo y los aguinaldos de los trabajadores de la Administración Pública Provincial, el Diputado Santiago es uno de los primeros que se anima a impulsar una ley por más derechos y garantías para ese personal.
El proyecto de Ley ingresó a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la semana pasada, y plantea expresamente que se modifique el artículo 28 de la Ley 10430 –T.O. por Decreto 1.869/96- y sus modificatorias, el que quedara redactado de la siguiente manera: «Artículo 28.- Subsidios. El agente gozara de subsidios por cargas de familia, por encontrarse cursando estudios terciarios o universitarios, o por cualquier otro concepto que la legislación nacional en la materia establezca con carácter general, conforme los importes y modalidades que se determinen en jurisdicción provincial. Los derecho habientes gozarán de un subsidio por gastos de sepelio».
Mientras desde el gobierno Nacional y el Provincial, es decir el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal, se encuentran definiendo sus colaboradores en sendos gabinetes, el Diputado oriundo de Rojas promovió una ley para que «el Estado Provincial garantice, a los trabajadores que se encuentran dentro de la Administración Pública, un importe adicional a su salario en concepto de subsidio por encontrarse cursando una carrera universitaria o terciaria».
El legislador bonaerense considera que «un importante aporte para fomentar y promover el perfeccionamiento destinado a los Empleados de la Administración Publica, es brindándole un subsidio ya que los mismos no solo harán que realice de una forma más eficiente su tarea, sino que le servirán para desempeñarse en su vida cotidiana, y a la hora de generar relaciones con los demás».
Santiago recuerda que en el Foro de diálogo mundial sobre la Educación y la Formación Profesional, celebrado en la OIT, Ginebra, el 29-30 de septiembre de 2010, se sostuvo que «la inversión pública deberá asegurar un acceso universal, una formación de calidad y unos resultados pertinentes para todos los aprendices y trabajadores».
Finalmente, el Legislador que representa a los ciudadanos de la Segunda Sección provincial, afirmó que «incentivando la educación, perfeccionamiento y capacitación» de los trabajadores públicos, se pueden «lograr más y mejores resultados, no solo personales sino también para el bien de toda la comunidad».