PROYECTO POR RECARGAS DE TELEFONOS

Involucrándose en la problemática referida al cobro del importe adicional que muchos comercios de la Provincia efectúan al momento de realizar recargas de crédito de teléfonos celulares y  tarjetas del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), el diputado Gustavo Vignali presentó un Proyecto de Declaración solicitando que el Poder Ejecutivo Provincial se vincule con los pertinentes órganos y/u organismos del Estado Nacional, para que éstos reconsideren el porcentaje que actualmente otorgan a los comercios prestadores del servicio de recarga de dichas  tarjetas.
La iniciativa tiene como finalidad lograr que el Poder Ejecutivo Provincial se vincule con los órganos pertinentes, a los efectos de que éstos reconsideren el porcentaje exiguo – del uno por ciento – que actualmente es otorgado a los comercios prestadores del servicio de recarga de la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y asimismo, arbitren los medios conducentes a fin de lograr que las empresas de telefonía celular, hagan lo propio con esos mismos comerciantes.
“Más allá de que ese cobro se realiza, en la mayoría de las veces, de forma no registrada, de manera que no tributa impuesto alguno, lo cual es reprochable, no considero que sea justo que los gastos que su implementación demanda, sean absorbidos por los consumidores, ya que casi nunca poseen la misma capacidad económica que sí tienen las compañías de telefonía celular como asimismo las empresas prestadoras de los diversos servicios públicos de transporte, siendo los máximos beneficiarios de este sistema”, expresó Vignali.
El legislador entiende que los consumidores de estos servicios se ven notoriamente perjudicados por este tema ya que, quienes acuden a la recarga virtual de crédito para celulares, en general, son aquellos que, por su situación socioeconómica y/o laboral, no pueden acceder a una facturación fija en forma mensual; mientras que los usuarios de la tarjeta SUBE, no cuentan con vehículos propios y/o no tienen acceso a otros medios de locomoción, públicos o privados, por lo que deben salir de sus hogares con demasiada anticipación, soportar largas esperas, viajar amontonados y muchas veces en forma inhumana.
“Cabe aclarar que esta situación también perjudica a los comerciantes que prestan esos servicios de recarga, que son la cara visible de este problema y – en realidad – son los que mayores gastos tienen, puesto que es de amplio conocimiento que las empresas de telefonía celular, como el Estado Nacional, casi no les otorgan beneficios económicos y son ellos los que  ponen su estructura económica, y corren con los riesgos y gastos que su funcionamiento conlleva”, finalizó el legislador.

Fuete: Agencia Nova

Involucrándose en la problemática referida al cobro del importe adicional que muchos comercios de la Provincia efectúan al momento de realizar recargas de crédito de teléfonos celulares y  tarjetas del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), el diputado Gustavo Vignali presentó un Proyecto de Declaración solicitando que el Poder Ejecutivo Provincial se vincule con los pertinentes órganos y/u organismos del Estado Nacional, para que éstos reconsideren el porcentaje que actualmente otorgan a los comercios prestadores del servicio de recarga de dichas  tarjetas.

La iniciativa tiene como finalidad lograr que el Poder Ejecutivo Provincial se vincule con los órganos pertinentes, a los efectos de que éstos reconsideren el porcentaje exiguo – del uno por ciento – que actualmente es otorgado a los comercios prestadores del servicio de recarga de la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y asimismo, arbitren los medios conducentes a fin de lograr que las empresas de telefonía celular, hagan lo propio con esos mismos comerciantes.

“Más allá de que ese cobro se realiza, en la mayoría de las veces, de forma no registrada, de manera que no tributa impuesto alguno, lo cual es reprochable, no considero que sea justo que los gastos que su implementación demanda, sean absorbidos por los consumidores, ya que casi nunca poseen la misma capacidad económica que sí tienen las compañías de telefonía celular como asimismo las empresas prestadoras de los diversos servicios públicos de transporte, siendo los máximos beneficiarios de este sistema”, expresó Vignali.

El legislador entiende que los consumidores de estos servicios se ven notoriamente perjudicados por este tema ya que, quienes acuden a la recarga virtual de crédito para celulares, en general, son aquellos que, por su situación socioeconómica y/o laboral, no pueden acceder a una facturación fija en forma mensual; mientras que los usuarios de la tarjeta SUBE, no cuentan con vehículos propios y/o no tienen acceso a otros medios de locomoción, públicos o privados, por lo que deben salir de sus hogares con demasiada anticipación, soportar largas esperas, viajar amontonados y muchas veces en forma inhumana.

“Cabe aclarar que esta situación también perjudica a los comerciantes que prestan esos servicios de recarga, que son la cara visible de este problema y – en realidad – son los que mayores gastos tienen, puesto que es de amplio conocimiento que las empresas de telefonía celular, como el Estado Nacional, casi no les otorgan beneficios económicos y son ellos los que  ponen su estructura económica, y corren con los riesgos y gastos que su funcionamiento conlleva”, finalizó el legislador.