BEBIDAS ALCOHOLICAS: QUIEREN QUE NO SE VENDAN CERCA DE LAS RUTAS

En el marco de la lucha contra los accidentes viales, una de las mayores causas de muertes en la provincia de Buenos Aires, sobretodo en los jóvenes, la Legislatura analiza un proyecto de ley para prohibir la venta de bebidas alcohólicas en comercios con acceso directo desde caminos, rutas o autopistas en territorio bonaerense. La iniciativa pertenece al diputado Juan José Passo, titular de la Comisión de Salud, y si bien con pequeñas modificaciones superó el filtro de la Comisión de Adicciones, espera ser abordada por la de Transporte. La futura ley no solo prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas en zonas linderas a la red vial “en aquellos lugares que puedan ser visualizados por los conductores”, sino también “en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires”, según su articulado.

“Este proyecto que tiene como objetivo específico reducir la siniestralidad vial evitando y disuadiendo el consumo de bebidas alcohólicas por parte los conductores”, fundamentó Passo. El legislador citó el Convenio Federal sobre Adicciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial suscripto el 15 de agosto de 2007 entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se acuerdan “acciones concretas a fin de erradicar una de las realidades más graves que se verifican en la conducción de vehículos automotores: su práctica en condiciones de intoxicación alcohólica”. A través del mencionado convenio “se prohíbe el expendio de ese tipo de bebidas en ámbitos directamente vinculados a las rutas y caminos de la República, dejando que las provincias o sus municipios dicten las normas pertinentes en el ámbito de sus jurisdicciones”. Si bien la Provincia cuenta con una ley que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas entre las 23 y las 8, en todos los comercios menos en los boliches, “no regula esta prohibición en los ámbitos directamente vinculado a las rutas y caminos de la Provincia de Buenos Aires”, advirtió Passo. En caso de que este proyecto sea sancionado en ley, el Poder Ejecutivo tendrá 60 días para ponerlo en vigencia, además de realizar la reglamentación pertinente.