Incorporarán el concepto de «pobreza energética» para medir el impacto del alza de tarifas

El gobierno nacional incorporará el concepto de “pobreza energética” -utilizado desde hace varios años por los países de la Unión Europea (UE)- como un elemento adicional para evaluar el impacto social de las políticas sectoriales, en particular tras la revisión tarifaria integral que involucra a las empresas concesionarias de los servicios de electricidad y gas.
Funcionarios del Ministerio de Energía y Minería confirmaron a Télam el interés en “profundizar en la caracterización actual de los hogares argentinos”, a partir de la elaboración de un Balance Energético de Usos Finales, en el que se trabaja actualmente.
“Para eso deben incluirse preguntas sobre usos energéticos en la próxima Encuesta Nacional de Gastos de Hogares que realiza el INDEC; cuando esa información esté disponible se podrá realizar el cálculo de hogares en condiciones de pobreza energética”, anticiparon voceros de la cartera que conduce Juan José Aranguren.
“Nuestra prioridad -afirmaron los funcionarios- es que la normalización tarifaria se realice de un modo equitativo, sostenible en el tiempo y que garantice el acceso a la energía a toda la población”.
Los primeros estudios para definir el concepto de pobreza energética se realizaron en la Universidad de Oxford, Reino Unido, a principios de la década de los 90.
Se definió entonces al concepto como “la situación en la que se halla un hogar que tiene que dedicar más del 10% de sus ingresos a alcanzar un nivel satisfactorio de calor en su vivienda: 21 grados en la habitación principal y 18 en las demás habitaciones, según la OMS (Organización Mundial de la Salud)”.
En 1997 el gobierno británico se propuso como objetivo la «minimización de la pobreza energética», y en 2000 aprobó la Warm Homes and Energy Conservation Act, ley que definió formalmente el concepto en Europa.
Más recientemente, en 2013 el entonces premier David Cameron encargó a la London School of Economics una reevaluación de la metodología de medición de la pobreza energética y así surgió el indicador Low Income, High Cost, según el cual un hogar se encuentra en situación de pobreza energética «si el gasto necesario en energía doméstica para mantener un nivel de confort adecuado está por encima de la mediana (de los gastos del hogar), y si al descontar ese gasto de sus ingresos el resultante es una cantidad que está por debajo de la línea de pobreza monetaria».
Según el documento de la UE «Energy Poverty Handbook – 2016», un hogar sufre de pobreza energética si para mantener satisfactoriamente un régimen de calefacción adecuada requiere gastar más del 10% de sus ingresos totales en energía (se llegaría a la extrema pobreza si la proporción asciende a 20% del ingreso).
En Energía y Minería admiten que “la pobreza energética es un fenómeno poco estudiado en nuestro país”, y aluden, a grandes rasgos, a «dos enfoques, al igual que con la medición de la pobreza en términos generales”.
Por un lado, el que considera la privación del consumo energético, o directamente la falta de acceso a fuentes energéticas de calidad, “es decir, que se contemplan aspectos vinculados a la cobertura física”.
Otro enfoque más coyuntural examina el costo de consumir cierta cantidad de energía en relación con los ingresos del hogar.
Los funcionarios del área afirman que un abordaje apropiado del tema “implica necesariamente la definición de una metodología acorde a la estructura regional y energética argentina, la cual presenta heterogeneidades socioeconómicas, climáticas y de fuentes energéticas”.
En forma simultánea la medición debe contemplar “una satisfactoria cobertura de servicios energéticos modernos, en comparación con el resto del mundo”.
Por lo pronto, remarcan en el Ministerio, la tarifa social para energía eléctrica y gas natural, sumada al Programa Hogar para quienes consumen garrafas, aseguran una cobertura que supera al 30% de la población y garantiza el acceso a la energía de todos los hogares del país.
En energía eléctrica, son 4,1 millones los hogares que acceden a la tarifa social, el 31% del total de hogares.
Mientras, en gas natural hay más de dos millones de hogares beneficiarios de la tarifa social y el Programa Hogar beneficia a casi tres millones de familias que no tienen acceso al gas de red, con lo cual la asistencia asciende a 4,9 millones de hogares (el 37% del total del país).