HAY UN MANEJO MUY DESPROLIJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

En la sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, la última previa a las elecciones del 28, la UCR rechazó la rendición de cuentas. Según argumentan  por una serie de irregularidades. La conferencia de prensa anunciando esta decisión se llevó a cabo en el bloque de dicho partido un día antes. Estuvieron presentes los concejales, Alejandra Sábato, Leonardo Armellini, Juan Piqué y Carlos Véliz.Estas son las causas presentadas por Alejandra Sábato:
“Al no ser nada claro este sistema nos encontramos con un decreto que no conocemos, con una comisión que dice que se reunió y no lo hizo, porque no fue convocada y esto va al Tribunal de Cuentas, también. Hemos encontrados subsidios de valores importantes, mas de 12.500 pesos a la Asociación Civil G-3, necesitaríamos conocer como se maneja, quien está al frente de ella, cuales son los objetivos que cumple que realmente son poco claros. Vemos una gran diferencia en esta ayuda que le brinda el Municipio a esta Asociación desconocida por muchos rojenses y  autoridades cuando de pronto se entregan 800 o 900 pesos, nada mas, a otras asociaciones que vienen cumpliendo desde hace años un noble fin social, como por ejemplo podemos nombrar a la Asociación Solidaria. Después el uso indiscriminado, que lo venimos denunciando desde que comenzó esta gestión municipal, es la contratación directa a terceros; esto no es menor, todo lo contrario. Estamos con contratistas que facturan anualmente mas de 160 mil pesos por diversas tareas, como por ejemplo capacitación a personal de cooperativas de trabajo, reparación de edificios, trabajos de corte de pastos y fumigación, son tercerizaciones que se realizan, en este caso, a un contratista en particular pero que sería multifunción y es muy claro el artículo 114 del Reglamento de Contabilidad y Exposiciones de la Administración para las Municipalidades que destaca que habrá un registro de contratistas, estará permanentemente habilitado, debiendo la comuna, periódicamente, disponer la publicación de avisos invitando a los interesados a inscribirse en ese registro o actualizar antecedentes, cosa que no existe en este municipio.
Otro punto que hemos detectado es el servicio de remis, como lo maneja el Municipio, hay un proveedor que es el Nº 230 que factura cerca de $80.000 al año, utilizando su remis. Nos parece una redistribución muy injusta, estamos hablando de un proveedor que promedio factura mas de $7.000 por mes, el doble de lo que gana el Secretario Municipal, por ejemplo. Son montos muy grandes, un reparto injusto en un servicio que, como sabemos, Rojas tiene varios remises que no son contratados por la Municipalidad.
Un punto que no quiero dejar pasar es una suma de $270.000 aproximadamente que ha recibido la Comisión Municipal de Deportes; hemos encontrado no toda la documentación, muy poca, respecto a lo que aduce esa suma que sería por los Torneos Bonaerenses. Estamos hablando del valor de una casa aproximadamente, $270.000, y reiteramos nos parece demasiado excesivo cuando hay otras prioridades y según las palabras de propios funcionarios, el municipio siempre estaría atravezando una situación económica bastante negativa y no le encontramos explicación a un gasto administrativo de este tipo”.
Mientras que Leonardo Armellini argumentó lo siguiente:
“Estos son los fundamentos por el cual se rechaza la rendición de cuentas. Vemos que hay una disposición muy desprolija de los fondos públicos. Comprobamos  constantes que se repiten ejercicio por ejercicio respecto de la discrecionalidad con la que se disponen los dineros que son del pueblo, ya sea por aportes directos en concepto de tasas y contribuciones, ya sea por los dineros recibidos en coparticipación; estamos hablando de $ 36 millones, no es poca plata. En particular quería agregar de la contratación de terceros Hemos detectado justamente que hay una repetición en las obras que se contratan en forma directa y que recae siempre sobre las mismas personas, muchas de ellas recién incorporadas impositivamente, o sea habiendo cumplido las formalidades impositivas, estar inscriptos frente al IVA o al régimen simplificado de impuestos, hay dos proveedores que coincide la fecha de inscripción, lo han hecho recién en el año 2007 a partir del mes de noviembre, otro a partir del mes de junio y que, esto es de público conocimiento, hoy se están realizando muchas obras de conservación en el distrito, esos terceros que contrata el Municipio a su vez lo hacen con empleados que no cumplen, ni siquiera mínimamente con la ley de riesgo de trabajo. Hemos visto gente trabajando con martillos neumáticos sin ningún tipo de protección, o sea, sin los botines de seguridad que se deben utilizar, sin guantes, sin las orejeras para proteger el sistema auditivo, sin antiparras. Cual es la consecuencia de un accidente que pudiera sufrir una de estas personas, quien lo paga, lo paga el municipio, porque es responsable al contratar a una persona que a su vez no cumple con la ley de riesgo de trabajo. En definitiva terminan afectados los dineros públicos que son aportados por todos los contribuyentes. Como parece no tener límites la administración en la disposición de esos dineros, queremos plantear el hecho político fundando el rechazo a esos puntos que son de público y notorio conocimiento y comprobables por el vecino común, o sea, que con el simple hecho de andar caminando la calle se comprueba a simple vista.
Técnicamente hay motivos suficientes para rechazar la rendición de cuentas, que también se enganchan con el tratamiento del presupuesto 2009. Nosotros, el año pasado, sobre el final, aprobamos una ampliación presupuestaria de $2.600.000 y la afectamos a la devolución de tasas que los vecinos habían pagados y que luego le reajustaron. Quien pagó estando en vigencia una ordenanza fiscal impositiva canceló ya los efectos y se incorporan a su propio patrimonio, el cual es inviolable, por mandato constitucional por lo tanto no se puede violar mediante un decreto municipal. Se impuso esa devolución y el Ejecutivo la vetó, pero el veto fue comunicado temporariamente, lleva fecha de ingreso 21 de enero de 2009 cuando la ordenanza había sido sancionada y comunicada en fecha 23 de diciembre de 2008, por lo tanto la ordenanza está vigente. Debieron haber incluido la rendición de cuentas, la afectación de esa ampliación presupuestaria y no se hizo, debieron haber incluido alguna previsión en el presupuesto 2009 y no está hecha. Por charlas que hemos tenido en el ámbito del consejo, algunos dicen que sería un tema judicial, nosotros creemos que no, la ordenanza está vigente, el vecino no necesita ir a la justicia para que le devuelvan lo que pagó demás y que le cobraron injustamente”.